Hace tres años, bajo el gobierno de Dina Boluarte, la clase política criolla intentó desaparecernos: en cuerpo, en cultura y en voluntad política —que es donde late el alma de un pueblo—. Se sintió así: una masacre que dejó más de 50 peruanos asesinados, 22 de ellos puneños. Aunque sabían que hoy ya no es políticamente correcto “matar indios” —como han hecho durante siglos—, no les importó, porque esos “indios” seguían saliéndose de “su lugar” y necesitaban doblegarnos urgentemente.

Las pruebas no dejan lugar a dudas: irrespetaron nuestros votos, menospreciaron nuestra agencia política, nuestro derecho a protestar —fundamental en cualquier democracia—, y nos "terruquearon" para pretender neutralizar nuestras identidades aimaras y quechuas. Por eso, no solo dispararon en medio de los enfrentamientos en el Aeropuerto de Juliaca, donde se congregaba la gran mayoría de los manifestantes; se desplazaron hacia el centro de la ciudad y dispararon a quemarropa contra todos y todas. El objetivo era enviar un mensaje a todo el colectivo puneño: no debíamos rebelarnos, no debíamos cuestionar sus decisiones, no debíamos exigir justicia por nuestros iguales —pues la movilización en Puno se intensificó precisamente tras las matanzas de Andahuaylas y Ayacucho—, no debíamos ser ciudadanos. Al final, aquellos peruanos uniformados, enviados por sus superiores en Lima, internalizaron la idea de que todos los puneños/as éramos enemigos de la patria. Nos asesinaron a quienes hemos vivido aquí desde antes de que esta tierra se llamara Perú. Nos quisieron matar a nosotros, los ciudadanos originarios.

Pero, pese a todo, no lograron desaparecernos. Es cierto que nos arrancaron a juliaqueños, azangarinos, huancaneños, chucuiteños, yunguneños; que hoy más de ochenta heridos y las familias de todas las víctimas siguen sufriendo la impunidad de ver a Boluarte en libertad. Es cierto que la mayoría de los puneños aprendimos que, para el Estado, nuestras vidas y decisiones políticas no valen lo mismo y que, como le dijera Alan García en el año 2009 a los pueblos amazónicos, nos ven como de “segunda categoría”. Sin embargo, estos tres años nos han demostrado que su intento de aniquilarnos fracasó.

La resistencia ha seguido viva en los pasos pesados, pero obstinados de familiares, heridos sobrevivientes y activistas criminalizados. Han viajado a Lima —a veinticuatro horas por tierra— incontables veces, a costa de dejar sus trabajos y confiar a sus wawas con parientes, o llevándolas consigo. En cada jornada, han sostenido plantones, ofrendas, movilizaciones y conferencias. Han acampado en y frente a la frialdad limeña, a las puertas del Palacio de Justicia. Han respirado hasta ahogarse las bombas lacrimógenas de una indolencia que los considera peligrosos por llevar en alto la foto de un hijo, un hermano, un padre y madre asesinado.

Han tenido que contar una y otra vez lo ocurrido, con la esperanza de que sirva de algo. Han mostrado sus heridas en la avenida Abancay, en foros improvisados durante las marchas, para dejar constancia no solo de que siguen necesitando ayuda, sino de que sus vidas cambiaron para siempre. Han debido preguntarse, una y otra vez: ¿Por qué dar agua a personas asfixiadas por las bombas lacrimógenas les valió un disparo en el cuello, como le pasó a Julia Pacci? ¿Por qué detenerse en su mototaxi para socorrer a alguien llevó a que les dispararan y hoy su pulmón haya perdido casi por completo la capacidad, como le sucedió a Leonel Quispe? Han tenido que vivir tres navidades y años nuevos sabiendo que a los pocos días se conmemora otro año de impunidad. Han tenido que escuchar que les digan terrucos sin la más mínima prueba. Han tenido que ver que el fujimorismo y su dictadura congresal muevan las piezas del poder judicial a sus nefastos intereses y solo hace unos días se desactive al grupo de fiscales que investigaban su caso.

No nos han matado porque, pese a todo, nuestra organización social ha persistido. Esto ocurrió a pesar de la frustración por no lograr sacar a la asesina del sillón presidencial y de asumir los costos del paro seco más largo del país, con cerca de 70 días de paralización (Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, 2023). Aunque los reflectores mediáticos se apagaron hace tiempo y la mayor parte de los nuestros tuvieron que retomar sus propias actividades, la acción colectiva no cesó. Tras la insurgencia —el llamado “estallido social” que se extendió hasta marzo de 2023—, el movimiento se ha reconfigurado y centrado en la deliberación, por lo que hasta la fecha se han realizado casi cincuenta asambleas ciudadanas con participación de diversas provincias. Han sostenido sesiones el Consejo de Autoridades Originarias, el Comité Colegiado de las 13 provincias, las Rondas Campesinas, los frentes de defensa, múltiples organizaciones populares, encuentros de mujeres, de profesionales bilingües, encuentros de comunidades campesinas y una amplia gama de otros espacios de confluencia sociopolítica. En esos espacios se ha debatido incansablemente cómo enfrentar a la dictadura, a veces desde el consenso y otras desde fuertes discrepancias, pero siempre con un horizonte claro: la defensa de la vida aymara y quechua.

Paralelamente, delegaciones han viajado en múltiples ocasiones a Lima, Arequipa, Tacna, Ayacucho y Cusco para articular luchas con otros pueblos. En estas delegaciones, colectivos de mujeres autoconvocadas —caminando juntas en su diversidad— continúan ejerciendo el cuidado como acción política. Su labor acompaña a las víctimas y se movilizan hacia donde la solidaridad se vuelve urgente. Así lo demostraron al viajar al Cusco en octubre de 2024 para exigir justicia por los jóvenes encarcelados, o al recuperar, con el peso simbólico y real de sus polleras, la Plaza San Martín en julio de 2023.

Esta resistencia no se explica sin nuestro arraigo en la intensa vida cultural e intelectual en la región. En Asillo (Azángaro), escolares desfilaron entonando “Dina asesina” para honrar a los padres asesinados de sus compañeros (Panamericana Televisión, 2023). Durante la fiesta de la Candelaria de 2024, bajo el ritmo de las ojotas, resonó el grito colectivo: “¡Dina Boluarte, usurpadorina, ¿quién te ha dicho que eres presidenta?!”. Ese mismo año, cientos de bailarines de la comunidad campesina de Jatucachi (Pichakani) escribieron con sus cuerpos una respuesta al desprecio nacional: “Puno sí es el Perú”. Ya en la Candelaria de 2025, por ejemplo, los danzantes de K’ajelo llevaron en sus trajes consignas como “Dina es gamonal”.n Al mismo tiempo, quienes fueron primera línea como brigadistas en las calles —los estudiantes de Puno— hoy transforman la memoria en conocimiento. Desde las aulas investigan lo ocurrido, y apenas ayer una dirigente estudiantil sustentó su tesis sobre el papel central de las mujeres en las protestas, Leticia Cahuaya.

Además, no pudieron aniquilarnos porque nuestra demanda central nunca se limitó a los tribunales. El significado de nuestra tragedia trasciende lo judicial: es la expresión más reciente de un patrón histórico de violencia estatal contra los pueblos quechua y aymara. Los sobrevivientes y activistas entendemos que la brutalidad policial no como es hecho aislado, sino como la continuidad de un sistema republicano excluyente: "San Martín proclamó la independencia solamente para los mestizos, para los criollos", señala un anciano activista que recorre asambleas en la región, resumiendo una convicción profunda: se disparó contra manifestantes porque, ante las élites de Lima, no somos considerados ciudadanos plenos. Por ello, la justicia que se exige en Puno es histórica y social. Implica no solo el castigo a los responsables directos, sino el reconocimiento como "ciudadanos originarios" cuyas sociedades preexistieron al Estado-nación, y la reformulación de un pacto que incluya redistribución económica real y mayor autonomía para decidir sobre nuestros territorios y vidas.

Por eso, a tres años del 9 de enero, no nos han matado. En un país racista como el nuestro, donde ser quechua o aimara se usa como justificación para el estigma y la agresión, nuestro orgullo por serlo es más fuerte que antes. No es casualidad que el K-ongreso apruebe leyes como la llamada “Ley Tudela” para ningunear al creciente y exitoso cine no limeño, como el puneño, que destaca por su defensa de las identidades originarias (Arce Ortiz & Cornejo Urbina, 2023). No soportan que la democracia formal sea interpelada por la vigencia de nuestras autoridades originarias, como presidentes comunales, tenientas y tenientes, y rondas campesinas. En estos tres años, los prefectos nombrados por el gobierno ilegítimo han sido permanentemente rechazados, y recientemente el Consejo de Autoridades Originarias ha anunciado la construcción de un instrumento de representación política propia (CAU, 2025). Esto demuestra que la resistencia es, finalmente, parte de proyectos políticos de largo aliento.

Por eso, es importante que, este 9 de enero, 18 de enero, 20 de enero, y en cada momento y región del país donde la actual dictadura asesinó, estemos presentes de una u otra forma. Que lo que no nos da el sistema, nos lo dé el recordar e indignarnos en la sobremesa de nuestras cenas familiares; nos lo dé el pronunciarnos públicamente; nos lo dé el marchar junto a los familiares y heridos de la dictadura; nos lo dé el no volver a votar por ninguno de los partidos que nos asesinaron y que hoy conforman la coalición congresal corrupta.

Si nos hubieran vencido, estaríamos como ellos quieren: cabizbajos y obedientes. Pero en Puno, la rebeldía se manifiesta de múltiples formas, especialmente desde la organización social y la negativa a asimilarnos. No es un camino fácil, ni puede medirse con estereotipos sobre lo que es ser quechua o aymara. Se construye abriendo paso a nuestra abundancia de miradas, tensiones y conocimientos. Hace tres años nos dijeron que “Puno no es el Perú”, y les dimos la pelea. Enfrentamos la impunidad judicial con solidaridad, que, afortunadamente, también sigue viva en otras zonas del país. Porque, aunque el Estado y el sistema judicial no hagan el mínimo de justicia, la sociedad que recuerda sí lo hace. Y aunque esa justicia no sea suficiente —porque Boluarte y sus secuaces deben estar encarcelados— lo cierto es que, sin la justicia de las calles y la empatía colectiva, nos morimos todos y todas. No nos mataron porque, en el fondo, lo que intentaron extinguir no era una protesta, sino pueblos vivos que seguimos transformándonos.

Referencias:

Arce Ortiz, N. V., & Cornejo Urbina, F. M. (2023). Cine en Puno: Prácticas decoloniales y reafirmación de la identidad andina. Chasqui (13901079), 152. http://bit.ly/3YPhnYp

CAU. (2025, diciembre 29). Autoridades originarias acuerdan iniciar la construcción de un instrumento político propio y aprueban agenda de demandas de los pueblos originarios. Consejo Regional de Autoridades Originarias - Puno 2024-2025. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KHud3xnWKq1MtqEVr9vKrhVDfaDW8wbKdH3AFA5tvQoVVVZPBhGfBdS7JXGkqwEZl&id=61558774440334

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. (2023). Democracia y gobernabilidad. https://democracia-gobernabilidad.pucp.edu.pe/participación/estallido-social/tablero-de-datos

Panamericana Televisión (Director). (2023, mayo 9). Puno: Niños cantan «Dina asesina» durante desfile por aniversario de Asillo [Vídeo de Youtube]. En 24 Horas. https://www.youtube.com/watch?v=EvqNCVjIK04